Reconocimiento, redistribución y participación popular: hacia una política judicial integradora

Los eventos de jueces no pueden ser patrocinados por empresas

Por Antonio Sérgio Escrivão Filho, Clarissa Menezes Homsi, Érika Lula de Medeiros y Fulvio Gianella Júnior

La reciente resolución aprobada por el Consejo Nacional de Justicia, que limita el patrocinio de entidades privadas con fines de lucro a eventos de jueces, ha causado las reacciones más diversas en la sociedad. La relevancia de este debate dialoga con la necesidad de ver la administración de justicia como una política pública, ya que el poder judicial debe ser visto como una institución de la administración pública brasileña. Discutir cómo se lleva a cabo la administración de justicia, por lo tanto, involucra el tema del financiamiento privado para eventos dirigidos a magistrados.

La interferencia de los grupos de interés en el poder judicial amplía la brecha entre los partidos que ya están litigando en condiciones desiguales: aquellos con más poder político y económico también tienen más condiciones de influencia, un análisis señalado por Mauro Cappelletti en el clásico Acceso a la justicia, y ahora reconocido por el propio CNJ en dos momentos: sistematizando y publicando anualmente la información sobre los "mayores litigantes" en Brasil; y al considerar expresamente en el texto de la resolución que la participación de magistrados en eventos subsidiados por compañías puede comprometer su imparcialidad al decidir. En las democracias donde la línea entre lo público y lo privado es más gruesa, esta práctica sería sorprendente si no horror.

Aún así, de vez en cuando, se informan informes de noticias que informan grandes contribuciones de entidades privadas a las reuniones de magistrados. Por supuesto, tales patrocinios no se otorgan desinteresadamente y si más y más compañías y valores más altos son parte de este universo, es porque los resultados de la inversión valen la pena.

Admitiendo lo que ha salido a la luz, la resolución adoptada por el Consejo establece una tendencia a abordar las cuestiones de transparencia, autonomía e independencia judicial en una perspectiva concreta, superando la fórmula meramente formal y abstracta. Pero ciertamente el texto puede y debe avanzar, especialmente en la controvertida concesión hecha a eventos oficiales del poder judicial, permitiendo el patrocinio de hasta el 30% de su presupuesto. Si una cultura democrática no tiene absolutismo, es cierto que la autonomía y la independencia tampoco incluyen la calificación porcentual.

Y, sin embargo, dos elementos presentes en la resolución son importantes: por un lado, la mención expresa de que toda la documentación relacionada con estos eventos estará bajo el control del CNJ y la sociedad. Por otro lado, la prohibición de los magistrados de recibir asistencia (en transporte o alojamiento) o premio para asistir a eventos privados patrocinados.

Lo que la resolución prohíbe, por lo tanto, es la concesión realizada en eventos privados y patrocinados, incluidas las asociaciones del poder judicial. Por lo tanto, no interfiere con la libre participación, que se encuentra dentro de la esfera de libertad individual del magistrado, y constituye una garantía importante para la autonomía e independencia judicial.

Otro factor importante en el proceso de elaboración de la resolución fue la demanda de las organizaciones que trabajan en el campo de la justicia y los derechos humanos para una consulta pública sobre el tema. La consulta pública tiene un potencial democrático para la participación social en la política de justicia pública. Su realización debe considerarse una premisa en la formulación de cualquier política pública y debe tener atención política y operativa para que no se convierta en un instrumento de demora o legitimación formal de la toma de decisiones.

Se debe reconocer la importancia del paso dado por el CNJ, pero en vista de la necesidad de seguir avanzando. La regulación de cómo las entidades privadas con fines de lucro se relacionan con el poder judicial, lo que limita su capacidad de patrocinar eventos para este público es una señal del compromiso de la política de justicia pública con la independencia e imparcialidad requeridas por ese poder. Sin embargo, es necesario avanzar, tanto en el contenido de la resolución, para que el impedimento del patrocinio corporativo sea total, como en el procedimiento para realizar el debate, incluida la participación social y la transparencia en el proceso, para avanzar hacia democratización de la justicia.

Antônio Sérgio Escrivão Filho es coordinador de la organización Land of Rights.

Clarissa Menezes Homsi tiene una maestría en Procedimiento Civil de la PUC / SP y en Política Social y Desarrollo de la London School of Economics, y coordinadora legal de la Tobacco Control Alliance.

Érika Lula de Medeiros es secretaria ejecutiva de JusDh - Articulación Justicia y Derechos Humanos.

Fulvio Gianella Júnior es coordinador ejecutivo del Instituto Brasileño de Protección al Consumidor.

Revista Asesor Jurídico, 12 Marzo 2013

http://www.conjur.com.br/2013-mar-12/cnj-vetar-completo-patrocinio-empresas-eventos-juizes