Fórum Justiça

Informe
2ª Actividad Preparatoria Seminarios FJ 2015
5 y 6 feb. 2015
Facultad de Derecho de la Universidad del Estado de Rio de Janeiro
9:00 a 17:00
Con la finalidad de avanzar en la construcción del Seminario “Política Judicial Latinoamericana en una perspectiva de la Defensoría Pública”, que se realizará los días 7 y 8 de mayo de 2015, agentes institucionales y asociativos de la magistratura, Ministerio Público Federal, Defensoría Pública, sectores académicos y representantes de movimientos sociales se reunieron en la Facultad de Derecho de la UERJ en actividad organizada por el Fórum Justicia. Contribuir para la organización de incidencia de la Defensoría Pública junto con la Cúpula Judicial Ibero-Americana, construir campaña para Convención Regional de Derechos Humanos de Acceso a la Justicia y proponer términos aditivos a las 100 Reglas de Brasilia forman los objetivos del referido Seminario.

Los debates se iniciaron bajo el respaldo de ejes comunes de lucha por Derechos en  América Latina que, según exposición del Prof. Breno Bringel realizada en la 1ª Actividad Preparatoria, enlazan los diversos contextos regionales. Luchas vinculadas al trabajo, a la transformación de la forma-Estado, a territorios y recursos naturales, a los Derechos sociales, a la reproducción de la memoria, de la vida y de la identidad en el subcontinente fueron rememorados como sustrato que impulsa la discusión.
La representación latinoamericana se hizo presente por Sebastián Van Den Dooren, encargado de asuntos internacionales de la Defensoría Pública General de la Nación Argentina, que relató el proceso de desarrollo de las 100 Reglas de Brasilia y los variados programas en el ámbito de la Defensoría Pública con la finalidad de aplicar las reglas de acceso a la justi cia contenidas en el documento. Añadió que buenas prácticas están siendo condensadas en documento que será presentado por la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas – AIDEF en reunión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH como forma de subsidiar nuevas recomendaciones para el acceso a la justicia en la región. Con la finalidad de ampliar el acceso a la justicia, superar eventuales trabas, informó sobre el funcionamiento de las variadas comisiones especializadas que actúan vinculadas a la dirección institucional de la Defensoría General de la Nación.
Patricia Magno, defensora pública y articuladora FJ, resaltó el papel estratégico de las 100 Reglas de Brasilia, ya que aluden a la posibilidad de construcción de un modelo de justicia que privilegie actuación en busca de resultados estructurales. En ese sentido, observa que el Fórum Justicia cumple papel efectivo relacionado al ítem 12[1] de la Declaración de Brasilia cuando construye espacios de interlocución entre atores del sistema de justicia y la sociedad civil en el intento de costura de una red entre ellos. El litigio estratégico también fue recordado por Vinícius Alves, a partir del sentido que le fue dado por la asesoría jurídica popular, que sitúa a los movimientos sociales como agentes a quienes cabe la decisión política de judicializar las demandas.

Claudio Oliveira Filho y Rodrigo de Medeiros, abogados populares articuladores del Fórum Justicia Ceará, destacan el desafío de atraer a las demás instituciones, estimulándolas a abrir y ejercitar el diálogo. En este sentido, observar a las escuelas de las instituciones con sus cursos de formación, participar en los planeamientos estratégicos y acompañar los procesos de elección de los dirigentes son acciones que tienen que ser llevadas en cuenta. El proceso de elección de los ouvidores externos de la Defensoría Pública de Ceará también fue narrado de modo a suscitar reflexiones sobre la resistencia de la clase y el modo de incidencia de los movimientos sociales en la política institucional, ampliando los canales participativos existentes.

Lucia Xavier, representante de la ONG Criola, cuestiona los puntos de partida de la institucionalidad, reflexionando sobre los límites del lenguaje y otras barreras que impiden la identificación de los agentes del sistema de justicia con las demandas populares. En este sentido, es importante notar el concepto de vulnerabilidad, que engloba el contexto social en que está inserta la persona o grupo y también el comportamiento del Estado como elemento de vulnerabilización. Percibir las prácticas represoras de violencia y racismo institucional, operadas en la propia Defensoría Pública se sitúa, según ella, como cuestión esencial para el avance de ese debate. Para Lucia, las instituciones, frente a las demandas sociales, no pueden definir lo que es legítimo o no y vedar pautas provenientes de la base, sino más bien deben potencializarlas.

Adriana Britto y João Helvécio, defensores públicos miembros de la nueva  administración de la DP-RJ, mencionaron la importancia de aprovechar el cúmulo de los debates del Fórum Justicia en la construcción de políticas institucionales como la ouvidoria externa, audiencia pública

En Brasil, actualmente se usa el término “ouvidor” para designar al profesional contratado por un órgano o institución que tiene como función recibir críticas, sugestiones, denuncias, reclamaciones y que debe actuar de manera imparcial en defensa de la comunidad.
y formas de actuación estratégica. La movilización política de los movimientos sociales es vista, por lo tanto, como condición para avanzar en la conquista de Derechos, que no solo vendrán por medio da judicialización, sino principalmente por mecanismos de presión política. Por esta razón, el rescate del histórico de los Grupos de Trabajo FJ y el estrechamiento de las relaciones con los movimientos sociales en Río de Janeiro se hacen necesarios en este momento.

La profesora Maria Tereza Sadek destaca la importancia del análisis externo para las instituciones y criticó que el desarrollo de la Defensoría Pública en el país reprodujo el modelo institucional de la magistratura, perdiendo oportunidad de construir mecanismos innovadores que posibiliten el fortalecimiento de miembros orientados con la garantía de Derechos, en detrimento del interés corporativo y remuneratorio. Según la profesora, la Institución presenta dificultades de implementar una política institucional sólida en función del desempeño aislado de cada defensor y de la mala comprensión del instituto de la autonomía funcional. Registró la necesidad de construir criterios de designación de los defensores públicos, llevando en consideración criterios sociológicos y poblacionales que operan como indicio de vulnerabilidad.

Rosane Lavigne, defensora pública y articuladora del FJ, resalta que la producción de un glosario sobre los conceptos utilizados en el debate acerca de la democratización y acceso a la justicia es un paso imprescindible. “Políticas de justicia”, “política judiciaria y judicial”, “sistema de justicia”, “litigio estratégico”, “funcionalidad democrática”, “modelo de justicia integrador” y “neo-estatalidad” son términos que deben ser aclarados y debatidos colectivamente. En este sentido, FJ viene instigando y, al mismo tiempo,  contribuyendo con elementos formadores de constructos correlatos a la literatura político-jurídica.
Adriana Burguer, defensora pública, recuerda el diagnóstico de las Defensorías Públicas en el continente, los desniveles y desafíos en la construcción de Instituciones sólidas, con garantías de independencia y autonomía para que los defensores actúen sin recelo de interferencia de poderes políticos y económicos. La ampliación de competencias más allá de demandas penales también fue recordada como medio de fortalecimiento del acceso a la justicia en países de la región. Una de sus propuestas es actualizar ese diagnóstico y trabajar más a fondo el contexto de esos países.
Andrea Sepúlveda, subsecretaria de Derechos Humanos del Estado de Río de Janeiro, menciona la creación de un programa con presupuesto, metas, lista de personas y organizaciones a contactar, diagnósticos previos y levantamiento de datos para efectivar la propuesta de una campaña para la Convención Regional de Derechos Humanos de Acceso a la Justicia. Es importante que haya reconocimiento internacional, documentos vinculantes, creación de una política nacional de acceso a la justicia que involucre a las Defensorías, acorde con políticas estaduales que garanticen participación popular. Al concluir, expresó el deseo de involucrar a la Secretaria en ese proceso.

Julio Araújo, miembro del Ministerio Público Federal, expone que la actuación de su Institución se da, casi exclusivamente, con personas que ya tienen acceso a la justicia, de modo que se aleja de la pauta de aquellos que están más excluidos. Sin embargo, alude que el MPF creó una significativa relación con el movimiento indígena y su base, y que lo mismo no sucede con el movimiento negro y el movimiento de mujeres, por ejemplo. Según Julio, MPF y la Defensoría Pública de la Unión entran en conflicto, cuando deberían emplear esfuerzos en abarcar la garantía de Derechos de sectores más vulnerables de la población, que quedan perjudicados en su acceso a la justicia. Para él, uno de los principales problemas del Ministerio Público reside en el hecho de que los defensores de Derechos humanos son una minoría.

Marcelo Piragibe, director de la Escuela Nacional de la Magistratura, resalta el papel de gran importancia de las Escuelas, pues pueden servir como mecanismos de aproximación del agente jurídico con la realidad social, buscando una actuación más completa. Recalcó la importancia de la recolección de datos objetivos de la realidad para instruir los debates sobre el fortalecimiento de las instituciones. Según su experiencia, percibe que la Defensoría Pública en América Latina aún es una Institución muy precaria. Uno de los objetivos de la Escuela es cualificar al juez en gestión, para ampliar las percepciones más allá del conocimiento técnico de la ley. Y renovó el propósito de actuar en conjunto con la Escuela Nacional de la Defensoría Pública, con abordaje de intereses en común.
Gilmar Alves Batista, Defensor Público-General del Estado de Espírito Santo y representante del CONDEGE[1], hace alusión a los mecanismos de elección institucional, que inhiben a los gestores a tomar decisiones que constriñan a sus colegas. En consecuencia, la Institución suele ser dirigida para sus miembros y no para el pueblo. Por otro lado, manifestó que si los movimientos sociales deben ser oídos, la Defensoría debe presentar autonomía delante de sus demandas. Según él, la Institución debe llevar en consideración las formulaciones dos movimientos en articulación con los intereses del conjunto de la sociedad.
Maria Lúcia Pontes, defensora pública y articuladora FJ, defiende que no hay cómo realizar una buena actuación sin dialogar con los movimientos sociales, pues los mismos representan parte de la población sin acceso a los servicios y a la justicia. El papel de la Institución, además de escuchar a los movimientos, es de estimularlos para que se organicen, se movilicen y críen lazos de actuación.  Conversar con el movimiento social no es conversar con los líderes del movimiento, y sí con el grupo afectado, con el máximo de personas posible.

Cecília Perlingeiro, abogada miembro FJ, trajo para el tema de la campaña por la Convención la necesidad de involucrar a los grupos más diversos, ampliando las consultas por medio de un planeamiento estratégico del Fórum Justicia.
Bernardo Campinho, de la Orden de los Abogados de Brasil – OAB/RJ, sugiere incidencia junto a las Comisiones de Derechos Humanos del Poder Legislativo y otros agentes importantes para aglutinar al debate, tales como la Justicia de Paz y el Consejo Tutelar.
Ana Carolina, funcionaria de la Defensoría Pública y articuladora del FJ, resalta el hecho de que los agentes necesitan capacitación para conseguir dialogar con la comunidad. La gran mayoría no pasa de técnicos.

Conclusiones

2ª Actividad Preparatoria Seminarios FJ 2015

05 y 06 feb. 2015

• Presentar las 100 Directrices para Modelo de Justicia Integrador como contribución a ser llevada a la reunión de la AIDEF con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, en Washington;
• Producción de glosario con los conceptos utilizados en el debate sobre democratización y acceso a la justicia, tales como “políticas de justicia”, “política judiciaria”, “política judicial”, “sistema de justicia”, “litigio estratégica”, “funcionalidad democrática”, “modelo de justicia integrador” y “neo-estatalidad”;
• La organización del Seminario “Política Judicial Latinoamericana en una perspectiva de la Defensoría Pública” debe entrar en contacto con los responsables por relaciones institucionales de las Defensorías Públicas y demás instituciones de modo a dar continuidad a la interlocución con amplios sectores del sistema de justicia;

Establecer contacto con la Advocacia Geral da União – AGU teniendo en cuenta su posición de agente estratégico para el desarrollo de campaña y aprobación de Convención Regional de Derechos Humanos de Acceso a la Justicia en Brasil;

• Establecer contacto con la Casa Civil y el Ministerio de Justicia;
• Establecer contacto dentro los Ministerios, Congreso Nacional y Tribunales Superiores sector correlato del Itamaraty (Ministerio de Relaciones Exteriores) para consultas y desarrollo de acciones internacionales teniendo en cuenta la campaña por la Convención;
• Establecer contacto con la Comisión de Asuntos jurídicos y Políticos de la OEA;
• Articular agentes en el legislativo federal que apoyen la campaña, resaltando su carácter suprapartidario;
• Aglutinar las Comisiones de Derechos Humanos del Poder Legislativo y otros agentes importantes, tales como la Justicia de Paz y los Consejos Tutelares;
• Convidar a la Orden de los Abogados de Brasil – OAB a participar del Seminario y contribuir con la campaña, especialmente la Comisión de Acceso à Justicia;
• Promover la presencia del movimiento indígena, del movimiento de pescadores, de la Vía Campesina y de las Pastorales Sociales – Jubileo Sur – y otros en red, en la construcción do Seminario;
• Observar los Seminarios FJ 2015 como oportunidad para expandir nacionalmente el debate del Fórum Justicia, buscando replicar las experiencias en los demás Estados;
• Localizar ministros de cortes superiores que estén abiertos al debate;
• Apoderarse del acúmulo de la Plataforma DHESCA en el campo de acceso a la justicia e identificar redes que puedan contribuir con la campaña y el seminario;
• Establecer contacto con redes ligadas al movimiento negro, tales como la RAIAR – Red de Investigación y Acción Anti-Racista, Asociación de Organizaciones de Mujeres Negras Brasileiras – AMNB, Red de Mujeres Afro Latinoamericanas, Caribeñas y de la Diáspora, y Global Rights (entidad de asesoramiento en Derechos Humanos en el Sistema OEA);
• Establecer contacto con Kaka Wera Jacupé, líder del movimiento indígena, para estar presente en el Seminario;
• Articular asociación con la Secretaría de Derechos Humanos del Estado de Río de Janeiro;
• Localizar agentes con actuación en la ONU e en la OEA que tengan experiencia en la construcción de legislación internacional;
• Desarrollar minuta de la Convención Regional de Derechos Humanos de Acceso a la Justicia;

Rearticular las Defensorías Públicas presentes en los eventos realizados en 2009 y 2010 de análisis de las 100 Reglas de Brasilia, aclarando la ligación del Seminario de mayo con las referidas actividades;

• Presentar material y pauta del Fórum Justicia, en reunión de la Escuela Nacional de la Magistratura;
• Promover actividad académica coorganizada por las Escuelas de la Magistratura, Ministerio Público y Defensoría Pública y OAB para debatir modelo de justicia integrador, funcionalidad democrática y la formación del glosario del Fórum Justicia, de manera a pensar actuación estratégica conjunta para el sistema de justicia;
• Proponer debates para el Encuentro de la Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares – RENAP, en noviembre de 2015, y en el Encuentro Internacional de Abogados Populares, en agosto.