Reconocimiento, redistribución y participación popular: hacia una política judicial integradora

Informe - Seminario “Democracia y defensor público en América Latina”

6 diciembre 2019

Ponente: Isabela Coimbra [1] y Frederico Augusto Auad [2]

Revisión: Vinícius Alves [3]

Samba de mujeres

Una samba de mujeres negras abrió las actividades del Seminario "Democracia y defensor público en América Latina: un análisis de la e (in) volución en el contexto histórico actual". El espacio también marcó el evento por su simbolismo. El Instituto Pretos Novos recibió en noviembre a defensores públicos de 10, investigadores, activistas del movimiento social y organizaciones de la sociedad civil para promover un diálogo cultural contestatario de la dinámica racista aún vigente en el sistema de justicia brasileño.

La canción, cuidadosamente elegida para la ocasión, fue interpretada por el grupo Moça Prosa, que entusiasmó al público con las canciones del Maestro Sala dos Mares (Aldir Blanc Mendes / Joao Bosco De Freitas Mucci), Gente trabajadora (Jack Rocha / Luana Rodrigues / Claudia Coutinho) y todos somos María (Luana Rodrigues / Jack Rocha / Claudia Coutinho), por nombrar algunos. Samba fue intercalada con provocaciones por Adriana Cruz, juez federal; Lucia Xavier, coordinadora de la ONG Criola; Livia Casseres, defensora pública que trabaja en el Centro de Lucha contra el Racismo - NUCORA. Otra presencia importante fue la investigadora Ana Míria Carinhanha, quien presentó los principales resultados de la investigación "Sistema de justicia en foco: la lucha contra el racismo en el Defensor Público", producido en una asociación entre el Foro Justicia y Criola.

El Seminario, organizado por el Foro de Justicia en conjunto con las Asociaciones de la Oficina del Defensor Público en los niveles Interamericano [4], Nacional [5] y Estatal [6] y en asociación con la ONG Criola y la Oficina del Defensor Público del Estado de Río de Janeiro. Los principales puntos de debate son la confrontación con el racismo estructural que aún impregna la Oficina del Defensor Público y los desafíos que plantea el modelo público gratuito de asistencia legal en América Latina. También dedicó un homenaje especial a la defensora pública ahora defendida Sara Quimas.

Moça Prosa Group anima la rueda de samba de las mujeres.

Mesa inaugural y homenaje a Sara Quimas

El segundo día del seminario, noviembre 11, concentró las mesas y debates que tuvieron lugar en la sede de la Asociación de Defensores Públicos del Estado de Río de Janeiro - ADPERJ. La mesa de apertura fue destacada por el defensor público de Río de Janeiro, Rodrigo Pacheco, quien diseñó el contexto en el que se están llevando a cabo las discusiones hoy. El horizonte de crisis financiera y política en Brasil y en particular en Río de Janeiro ha llevado al aumento de la violencia policial, el fracaso de los servicios públicos y el aumento en el número de personas atendidas por la Defensoria. La institución, a su vez, utiliza más instrumentos como las acciones colectivas e invierte más en el diálogo directo con la población, ya sea a través de un Defensor del Pueblo externo activo o proyectos como el Circuito Favelas. También hizo hincapié en la necesidad de reflexionar sobre cómo seleccionar la entrada de defensores y el proceso electoral para el Defensor del Pueblo, a fin de poner el debate sobre el racismo a la vanguardia.

El Defensor Público General de Río de Janeiro, Rodrigo Pacheco, abrió una mesa institucional.

El presidente de ANADEP, Pedro Paulo Coelho, trajo el tema de la democracia al debate. Para él, nos enfrentamos a un contexto de interrupción de la democracia formal, que plantea grandes desafíos a una asociación que afirma ser progresista. Es un ambiente conservador, una distorsión del concepto de derechos humanos, criminalización de los movimientos sociales, con una política estatal mínima que al mismo tiempo imprime una política estatal máxima punitiva. El objetivo más grande son los cuerpos negros como una forma de control social.

Juliana Lintz, presidenta de ADPERJ, subrayó el trabajo que la asociación ha estado haciendo con las Casas Legislativas para aumentar el presupuesto del Defensor Público mediante enmiendas. Citó la preocupación de capacitar a los empleados para que cuiden a las mujeres víctimas de violencia al ofrecer un equipo multidisciplinario que también promueve el apoyo psicológico a las mujeres. Ella opina que depende de la asociación más que la defensa corporativa, y el diálogo con la sociedad civil debe fortalecerse.

El hecho de que incluso hoy, los Defensores de 12 no implementaron el Defensor del Pueblo Externo, incluido el DPU, fue recordado por Pedro Strozenberg, Defensor del Pueblo General de la DPRJ. Según él, el Defensor del Pueblo es un pilar fundamental para la democratización de la justicia al presentar al Defensor del Pueblo Externo como una importante innovación institucional. El panel continuó con los discursos de Rosane M. Reis Lavigne, quien reforzó el arco de asociación y presentó las actividades desarrolladas por el Foro de Justicia y el Colectivo de Defensores Públicos en el campo de la política judicial, y por Lorena González Castro Feijóo, Presidenta de la Asociación de Defensores Públicos de la República Argentina - ADePRA, que trajo a la mesa la tarea de reclamar derechos, promover la paz y la democracia en América Latina. Lucia Xavier terminó pidiendo la inclusión de grupos históricamente excluidos del acceso a la justicia, objetivos de un estado que promueve la violación de los derechos incluso a través del sistema de justicia.

La homenajeada de la jornada fue la defensora pública jubilada Sara Quimas, la primera mujer en ser presidenta de ADPERJ y con un fuerte papel en la defensa de una defensora pública democrática, habiendo sido una socia importante en la creación y fortalecimiento del Foro de Justicia y responsable de instituir el programa Pasantía. Defensores Públicos del Mercosur, que ha propiciado intercambios entre defensores públicos del Cono Sur. Después de su retiro, se embarcó en el proyecto de recepción y alfabetización de personas sin hogar, que se está desarrollando hoy en la sede de la Oficina del Defensor Público en Río. demuestra que su compromiso de defender los derechos de las personas vulnerables continúa. Acceda al texto del homenaje.

Sara Quimas (derecha) es honrada por la presidenta de ADPERJ, Juliana Lintz (izquierda) y la coordinadora del Foro de Justicia, Rosane Lavigne (centro).

Panel I: Presentación de la investigación "El sistema de justicia en foco: la lucha contra el racismo en el Defensor Público"

El objetivo de la investigación fue responder cómo la Oficina del Defensor Público se ha posicionado en la lucha contra el racismo y para ello se aplicó un cuestionario separado en las secciones de 7, dirigido a los gerentes del Defensor Público. En base a los resultados, se hicieron recomendaciones generales. Los datos recopilados, según lo presentado por la investigadora Ana Miria Carinhanha, informan que el Defensor Público es una institución femenina y blanca, pero coordinada por hombres. Advierte que hay pocos indicadores de raza y bajo nivel de información sobre el perfil de sus aprendices y sirvientes. Solo los estados de São Paulo, Río de Janeiro y Rondônia presentaron datos desmembrados de la raza. Este último fue el único que presentó más negros y negros en la Oficina del Defensor Público que blancos y blancos.

Ana Miria Carinhanha presenta la investigación.

El estudio también revela que las cuotas raciales en la Oficina del Defensor Público se instituyeron simultáneamente o más tarde con las cuotas de discapacidad y que esta política está obstruida a pesar de su implementación formal. La administración está compuesta principalmente por hombres blancos. 19% de las mujeres solo ocupan puestos de alta dirección. Además, nadie se declaró negro o negro en el cuestionario aplicado a esta sección administrativa de la Oficina del Defensor Público. Eso significa que todos los hombres negros se llaman a sí mismos marrones. Con respecto a los cursos de capacitación, faltaron temas relacionados con el racismo.

Algunas recomendaciones son: i) los centros de estudio de Defensores Públicos deberían invertir en la producción de datos sobre el tema del racismo; ii) el Colegio de Defensores Públicos Generales - CONDEGE debería crear una comisión temática específica para elaborar estrategias de acción para combatir el racismo; iii) ANADEP debería nombrar al menos un defensor por Estado para la articulación de los Consejos Regionales que, junto con la sociedad civil, creen e implementen directrices y estrategias para enfrentar el racismo; iv) crear un protocolo para servir a las personas negras como un grupo vulnerable. Para obtener más información sobre la investigación, visite el informe.

El investigador y criminólogo Felipe Freitas, teniendo en cuenta el escenario del golpe de estado en Bolivia y la política brasileña, provocó a los presentes: “¿Cómo establecer una lucha en la que los que tienen poder no aprecien las reglas del juego? ¿Por qué los que están debajo tienen que cumplir con las reglas del juego y los que están en el poder no cumplen con esas reglas? ”Para él, el proyecto de dominación es un consorcio de exterminio público-privado, ya que nunca es una acción del Estado solo, ni siquiera una empresa de empresa privada y neoliberalismo. Y en este contexto, pensar en el racismo en las instituciones debería generar incomodidad e incomodidad.

Felipe Freitas señala la necesidad de producir molestias al hablar sobre el racismo en Brasil. Junto a él estaban Elida Lauris y el Defensor Público de Bahía, Rafson Ximenes.

Reiteró que el racismo estructura las relaciones de poder, con fenómenos sociales e ideología que explican mejor la fragilidad de la idea de armonía social e institucional. Defendió la importancia de destacar el conflicto político y superar la ilusión de normalidad y neutralidad en el sistema de justicia. "No es posible que la Oficina del Defensor Público funcione bien si mantiene relaciones armoniosas con la Corte", dijo. Sin embargo, enfatizó que la disputa debe tener lugar en el espacio público, no en espacios privados, para que la sociedad pueda participar y que es fundamental romper con la idea de que es posible superar el racismo sin conflicto.

Élida Lauris, Coordinadora del Foro de Justicia, apoyó la posición de la FJ de que el movimiento social y las organizaciones de mujeres negras son de gran importancia para guiar el problema racial en la producción de conocimiento dentro de las instituciones del sistema de justicia, en particular los Defensores Públicos. . También señaló que en Brasil el modelo del Defensor Público ha permitido un debate más calificado sobre raza y género, con los centros especializados en lucha contra el racismo y las mujeres, así como con las políticas de cuotas, aunque las cuotas siguen un modelo todavía muy. en el que cada Defensor del Pueblo implementa a su manera.

Con respecto a los resultados de la investigación, señaló que el problema principal es que el Defensor del Pueblo es una institución dentro de un sistema racista y hegemónicamente blanco y aún no está en condiciones de producir sus propios datos para demostrar la producción de racismo institucional dentro de la institución, debido a la falta de datos desglosados ​​por raza para permitir un análisis más poderoso. Sin embargo, argumentó que es posible evaluar la existencia o no del compromiso institucional para combatir el racismo institucional. Su hipótesis es que el Defensor del Pueblo es el lugar más favorable para tratar el tema del racismo en el sistema de justicia, pero faltan datos para medir este compromiso. Para esto, es importante tener en cuenta ejemplos más estructurales de participación, como el presupuesto participativo y las oficinas del defensor del pueblo con mujeres negras por delante, cuyos casos famosos son los de los estados de Bahía y Ceará.

Lucia Xavier, junto a Ana Miria y Livia Casseres.

Lucia Xavier argumentó que la cuestión racial y étnica pasa desapercibida en el proceso de abordar la vulnerabilidad del acceso a la justicia y que los primeros pasos para cambiar son: i) reconocer la trivialización de los casos de racismo cuando llegan a la justicia, que apenas se registran como caso de racismo "Los funcionarios de seguridad desconocen las premisas que subyacen a algunos crímenes de odio, especialmente los problemas raciales", señaló. ii) el reconocimiento de que el estado es el principal infractor de la población negra y la principal barrera para acceder a la justicia cuando burocratiza las relaciones interpersonales y cuando sus agentes reproducen creencias y valores hegemónicos racistas. iii) la necesidad de combatir el racismo en el modus operandi y en las actividades policiales y militares; iv) la necesidad de garantizar el derecho de ir y venir de la población negra; v) fin del genocidio de la población negra; vi) eliminar de todos los órganos de justicia los símbolos de cualquier religión; vii) la necesidad de crear palos y núcleos especializados para abordar el problema racial; xi) Se deben alentar los planes de estudio de las escuelas de derecho para que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley conozcan las violaciones de la población negra y su condición racial y social; xii) es necesario que las organizaciones del sistema puedan elevar la condición de ciudadanía de estos sujetos; xiii) implementar cuotas raciales en el sistema de justicia como una medida de reparación para esta desigualdad social; xiv) se debe cumplir la ley; xv) es necesario incorporar medidas de declaración de clase (medidas 100).

La intervención de los participantes fue coordinada por Livia Casseres, quien propuso interrogar a los presentes sobre la situación de la lucha contra el racismo en otros Defensores Públicos en América Latina, en vista de la participación de los miembros de los pasos de defensores del Mercosur. Los defensores públicos argentinos presentes estaban sorprendidos por la acción del Estado y el racismo institucional en Brasil, con repercusiones en los Defensores Públicos, según lo revelado por la investigación. Dijeron que en Argentina no prevalece el tema racial, porque la población negra es muy pequeña, ya que fue exterminada, ya sea por acción estatal o enfermedad en el siglo XIX. Sin embargo, existe una división de quién tiene derechos y quién no tiene que ser extranjero, lo cual es muy debatido en los medios de comunicación. A esto se suma la discriminación contra los descendientes de poblaciones nativas y los inmigrantes no europeos.

La defensora pública paraguaya, Lourdes Amarilla, dijo que en Paraguay, hasta el año 1811, la población era mayoritariamente negra, y que su participación en las guerras, especialmente la guerra paraguaya, era crucial para el exterminio de esta población. Dijo que la Universidad de Asunción hoy ocupa un territorio que pertenecía a la población negra, que nunca fue compensado por la vacante y que este año aprobó una ley de cuotas para los pueblos indígenas en las universidades públicas.

Delegación de defensores públicos que participan en la Pasantía de Defensores de Mercosur.

La delegación uruguaya argumentó que en su país hay racismo y población negra, aunque no en un número muy alto. Informó que se creó una ley de cuotas para la población negra en licitaciones públicas, y la ascendencia debe ser probada. Con respecto al acceso de las mujeres a los puestos de Defensor Público, dijo que la mayoría de los defensores son mujeres, aunque las carreras legales son predominantemente masculinas. Hay una cuota en Uruguay para mujeres en puestos políticos.

El Defensor Público de Bahía, Rafson Xinemes, felicitó al grupo por realizar la investigación y defendió la necesidad de cuotas raciales para ingresar a la carrera. Argumentó que la selección por el sistema de cuotas generalmente era ineficaz, ya que las personas seleccionadas por el sistema de cuotas también competirían ampliamente e indicaron los cambios implementados para corregir el proceso. La entrevista de verificación de cuotas se llevó a cabo al comienzo de la competencia, no al final, para permitir el acceso de personas negras que no habrían ocupado sus puestos por personas que no estarían cubiertas por las cuotas. Pero razonó que para combatir el racismo, no es suficiente incorporar a una persona negra en el marco de la institución. Es importante que puedas ser un aliado en la lucha contra el racismo.

Lucia Xavier concluyó el debate señalando que pensaba que el mito de la democracia racial era algo brasileño, pero ahora ve que no lo es. Se extendió por toda América Latina, cuyo racismo fue el resultado del miedo causado por la Revolución Haitiana. “El hecho de que un grupo sea una minoría en una sociedad no significa que no sufra racismo. Pasar desapercibido es precisamente lo que constituye racismo ”, dijo.

Panel II: Fortalecimiento del modelo público de acceso a la justicia y participación democrática en la Defensoría Pública

El segundo panel del día se abrió con las contribuciones del Defensor Público Federal Gabriel Faria Oliveira, quien mencionó la discusión multilateral y el debate público con la sociedad civil, como lo promovió el Foro de Justicia, como uno de los elementos para fortalecer el Defensor público. Destacó que hoy estamos experimentando un cambio político para un gobierno ultraliberal, en el que la agenda capitalista se ha estado imponiendo en algunas propuestas, lo que dificulta la comprensión de la agenda de derechos humanos en su dimensión técnica. Y, por otro lado, a pesar de todo este contexto, la Oficina del Defensor Público no fue objeto de cuestionamiento por parte del gobierno hasta entonces.

Reveló que cuando el presidente actual fue elegido, tuvo la oportunidad de hablar con el presidente. Cuando dejó la conversación, tuvo la impresión de que la Oficina del Defensor Público era vista como una institución importante. Informó que los empleados de la rama ejecutiva asignados a la DPU fueron retenidos para continuar la operación de la institución, por medio de una medida provisional. Sin embargo, preguntó: "¿Cómo podemos desarrollar en este momento de agenda liberal, el resurgimiento de los derechos y los avances en el acceso a la justicia como modelo de Defensor Público"? Él dice que está preocupado por el presupuesto. “El Defensor del Pueblo no puede aumentar sus servicios mediante el índice de reajuste. La corrección para el presupuesto del Defensor Federal es 3%, mientras que los servicios contratados por la Oficina del Defensor tienen una corrección mayor de 5%. Es necesario pensar en el desarrollo del acceso a la justicia, que es deficiente dentro de la Unión. El vector presupuestario es uno de los puntos principales para el desarrollo ”, advirtió.

En el centro, la defensora pública argentina Fernanda Puleio

Defendió la participación de los Defensores del Cono Sur en las discusiones del ODS 16.3 de la agenda de la ONU 2030. Para el Estado brasileño, la Oficina del Fiscal General estuvo presente en la discusión, sin embargo, es un tema que el Defensor del Pueblo debe tener voz y debatir dentro de la ONU, ya que es el acceso a la justicia. Concluyó diciendo que la Oficina del Defensor Público en el Estado Democrático Brasileño está atravesando un momento desafiante, quizás el primer momento de una política nacional liberal, en la que se probará, probará y reinventará la existencia de DP.

María Fernanda López Puleio, defensora pública argentina, recordó que la discusión sobre el significado de un modelo público de acceso a la justicia en el contexto interamericano fue intensa y antigua. Cuando se llevó a cabo esta discusión, los países del Cono Sur ya tenían por muchos años el modelo institucional de acceso a la justicia organizado en la estructura estatal y separada de la judicatura. En Argentina, dijo, la extensión de la autonomía al Defensor del Pueblo se debió a la postura del entonces Fiscal General de la República de Argentina, quien, afortunadamente, era muy consciente de los derechos de los vulnerables. Por sus consejos sobre 1994, los electores se enteraron de que él también era el principal defensor. Dijo que este sigue siendo un modelo que continúa en algunas provincias argentinas, donde el jefe de la fiscalía es al mismo tiempo jefe de los defensores. A nivel nacional, gracias a este fiscal, hubo separación y autonomía del Defensor de la Nación.

Como agencia de políticas públicas para el acceso a la justicia, la Oficina del Defensor Público defendió que es necesario definir qué tipo de población vulnerable es el objetivo de la política, los factores de vulnerabilidad y estimular las estrategias de acceso a la justicia. En cuanto a Argentina, informó el ejemplo de la introducción de una medida de precaución en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que los pueblos indígenas fueron envenenados por el agua en medio de un conflicto entre el derecho al agua y la propiedad. Para ella, un avance es considerar el modelo público de acceso a la justicia como un operador de políticas públicas. En este sentido, también se debe considerar que el problema de la justicia surge mucho antes de un conflicto judicial o un proceso administrativo. El modelo público, por lo tanto, es efectivo para resolver casos antes de que lleguen a la justicia, a diferencia del modelo privado que obtiene conflictos cuando ya está formado. Recordó que otra función de los Defensores del Cono Sur es proteger los derechos humanos. Mencionó que, en el sistema interamericano, el art. 8.2.e del Pacto de San José de Costa Rica consolida un derecho indispensable a tener un defensor ofrecido por el estado como garantía judicial.

México tiene un sistema de defensa pública contemplado constitucionalmente, que incluye la gestión y la autonomía técnica, pero no presupuestaria, dijo la defensora pública mexicana Lourdes Cristina Torres Pérez. Presentó el marco para el cuidado de las minorías, según el cual se crearon varias unidades especializadas, como la secretaría técnica de tortura e igualdad de género. Informó que la federación mexicana está compuesta por estados 31 más Ciudad de México y que en los estados de México el Defensor está detrás de la autonomía del Defensor Nacional.

La abogada y directora de CEJIL, Alexandra Montgomery, compartió su evaluación de que nuestra justicia sigue siendo un entorno burocratizado y elitista al que no puede esperar tener acceso. “Este sistema de justicia se demuestra en la práctica inaccesible y opresivo. Decir que oprime, es que es selectivo. Así es como, cuando se habla del sistema de justicia, se habla del espacio de poder ", dijo. Argumentó que para construir un modelo público de acceso a la justicia, las instituciones necesitan reinventarse para el papel de proponentes de justicia y que, para esto, es muy importante que todo el personal orgánico comprenda que estas instituciones tienen debilidades. Y uno de ellos es el perfil del defensor que ingresa a la carrera. Hizo hincapié en que debe haber un mínimo de empatía con las demandas con las que está lidiando y con las personas con las que está lidiando, lo cual es un reconocimiento del otro.

“El rol es reconocer el privilegio de acceder a estos espacios, estudiar y aprobar un concurso; y debido a que involucran ciertos privilegios, deben ser reconocidos y abandonados para construir una sociedad más justa. La mayoría de estas personas que tratamos como vulnerables no podrían vivir un día en su forma de vida ".

Advierte que las instituciones son racistas y que las personas que ocupan los escaños en estas instituciones son racistas y no quieren renunciar a sus privilegios. “Y sí, todos son racistas; eres racista ”, dijo, y dijo que también es importante entender que el machismo y el patriarcado también se están estructurando. Informó que la tasa de mujeres negras muertas aumentó exponencialmente mientras que la de mujeres blancas disminuyó. Ante este hecho, dijo: “¿Cuál es la política pública que adoptaré para reducir la violencia de género, el racismo y el patriarcado? Cuando piensas en el modelo público, tienes que mirar las entrañas de esta sociedad enferma para saber qué vas a hacer con él ”.

En el centro, el articulador del Foro de Justicia, Vinícius Alves

La presidenta de ADPEC, Amélia Rocha, destacó que, internamente, la Oficina del Defensor Público sigue siendo una institución en disputa, pero a pesar de eso, el art. 3º de la Ley Orgánica del Defensor aporta bases para el desempeño de todos sus miembros. Dentro del modelo público, enfatizó que el tema de la estabilidad no es un privilegio, sino algo que hace posible actuar en algunos casos sin que los defensores tengan miedo a las represalias. Para ella, fortalecer el modelo público es la aproximación entre el DPU y el DPE, en un contexto en el que 80% de la población brasileña necesita un defensor público fuerte.

El investigador y miembro del Foro de Justicia, Vinícius Alves, presentó la convocatoria de trabajos para el libro "Acceso a la justicia en las Américas", cuyo objetivo es aportar contribuciones de América Latina y revertir la jerarquía del conocimiento entre el Norte y el Sur. Señaló tres contradicciones principal. Según él, cuando pensamos en un modelo público, vemos que los estados que implementaron el modelo de bienestar social no crearon Defensores Públicos, lo que sucedió en los países latinoamericanos, que no pasaron por un modelo de bienestar social. Para él, la fuerza de la Oficina del Defensor Público mostraría un fracaso en la formación del estado de bienestar en América Latina. ¿Es el Defensor del Pueblo responsable de recoger las migajas de un estado de bienestar en nuestro continente?

En segundo lugar, la ley estatal es un derecho dentro de una pluralidad de órdenes legales y, en su mayor parte, este no es el derecho creado y asumido por personas vulnerables asistidas por el Defensor del Pueblo. ¿Es el Defensor del Pueblo una institución responsable de la implementación de un derecho fuera de las poblaciones vulnerables? Su tercer punto se refería a la relación entre la política institucional y la política general. Recordó que los defensores públicos ocupan un cierto lugar político en la sociedad en general, al margen de las clases más ricas y también tienen la tarea de hacer la disputa en sus segmentos de clase. En este sentido, es importante reconocer el papel de la comunicación social, la disputa sobre la hegemonía, para ser una voz contra el discurso de la mayoría. “La pregunta que surge es si la Oficina del Defensor Público quiere ser una institución que medie los conflictos sociales. Es una posición muy pequeña ”, reflexionó.

Grupo de trabajo

Después de los debates en la última mesa, los presentes se organizaron para pensar en articulaciones entre la Oficina del Defensor y la sociedad civil. Fue entonces cuando se trajo la experiencia de celebrar jurados simulados y tribunales populares en Buenos Aires. La relación del juego con la comunidad despierta interés, de acuerdo con una metodología de compartir y compartir derechos. En este contexto, se presentó la propuesta de incorporar la dinámica del teatro de los oprimidos para mejorar el proceso de educación mutua entre la población y el Defensor.

Los presentes también indicaron la necesidad de fortalecer los lazos entre la Defensoria y las universidades, con la promoción de espacios de presentación de investigaciones que involucren conocimiento relevante para el acceso a la justicia. Estas propuestas se sumaron a la necesidad de producción de datos, una mayor transparencia en la ejecución del presupuesto y la elección de políticas de desarrollo institucional, y la creación de iniciativas para abordar el racismo.

Conozca al Documento final del seminario aquí.

[1] Estudiante e investigador en la Facultad Nacional de Derecho - UFRJ.
[2] Licenciado en Ciencias Sociales por el IFCS (Instituto de Filosofía y Ciencias Sociales de la UFRJ), licenciado e investigador en la Facultad Nacional de Derecho.
[3] Estudiante de Doctorado en Derecho en la Universidad de Ottawa.

[4] El Seminario fue apoyado por la Asociación Interamericana de Defensores Públicos - AIDEF y el Bloque de Defensores Públicos Oficiales del Mercosur - BLODEPM.
[5] El seminario se organizó en estrecha colaboración con la Asociación Nacional de Defensores Públicos - ANADEP.
[6] El Seminario fue asociado por la Asociación de Defensores Públicos del Estado de Río de Janeiro - ADPERJ y Ceará - ADPEC.

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